Los inversores que ya estaban en la mesa de negociación antes de las medidas tienen ahora un marco más claro; los que lleguen después encontrarán un terreno que ya ha sido parcialmente explorado
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En los meses previos a la aprobación del paquete de 176 transformaciones, AUGE pudo constatar un movimiento que, aunque discreto, resultaba revelador: varios inversores extranjeros con los que Cuba mantenía importantes deudas pendientes se encontraban ya en fases avanzadas de negociación para convertir esos créditos impagados en derechos de explotación de instalaciones productivas o activos vinculados al sector turístico.
La deuda externa de Cuba con el Club de París había crecido hasta los 4.795 millones de dólares a finales de 2025, y el gobierno había reconocido ante sus acreedores la imposibilidad de cumplir con los calendarios de pago acordados. El mecanismo de debt-for-asset swap—canjear deuda por participación o usufructo de bienes del Estado— había sido planteado por el propio presidente Díaz-Canel como una vía para aliviar la presión financiera sin transferir la propiedad definitiva de los activos.
Lo que el paquete normativo de junio de 2026 hace, en buena medida, es poner marco legal a prácticas como esas que ya venían discutiéndose u ocurriendo. Las medidas que amplían los derechos de superficie hasta 99 años, que permiten la inversión extranjera en empresas privadas y que simplifican los procesos de aprobación no son solo un gesto de apertura: son la respuesta a una necesidad concreta del gobierno cubano de monetizar activos para hacer frente a sus obligaciones financieras, en un contexto de bloqueo recrudecido y crisis energética que mantiene inmovilizada buena parte de la estructura productiva del país.
Para el inversor internacional, esto tiene una lectura doble. Por un lado, el paquete normativo confirma que el gobierno está dispuesto a negociar y a ofrecer activos reales como contrapartida. Por otro, revela que la urgencia financiera de Cuba es tal que las condiciones de estas negociaciones pueden ser más favorables para el inversor de lo que lo serían en un contexto de menor presión.
Los inversores que ya estaban en la mesa de negociación antes de las medidas tienen ahora un marco más claro; los que lleguen después encontrarán un terreno que ya ha sido parcialmente explorado.
Pero también hay una advertencia: el hecho de que el gobierno esté dispuesto a canjear activos por deuda no significa que esos activos estén en condiciones óptimas de operación. La crisis energética, la escasez de insumos y el deterioro de la infraestructura son problemas que el inversor deberá asumir.
Un inversor que no haya operado antes en Cuba y que evalúe este paquete desde fuera encontrará pocos incentivos para dar el paso. Las sanciones de EE.UU. no solo se mantienen, sino que se han reforzado con designaciones específicas que afectan a sectores clave. La crisis energética, por su parte, no es un problema marginal: mantiene inmovilizada buena parte de la estructura productiva del país, lo que hace inviable cualquier proyecto que requiera continuidad operativa. En este contexto, las 176 medidas pueden leerse como una señal de apertura, pero no como una garantía de viabilidad.
Lo que cambia (señales concretas)
A pesar del contexto adverso, el paquete contiene modificaciones que, para ciertos perfiles de inversores, son relevantes. Estas son las cinco señales principales:
1- Fin del monopolio estatal como socio único. Hasta ahora, la vía principal para invertir en Cuba era hacerlo en sociedad con empresas estatales o creando empresas 100% extranjeras, una práctica que incluso en momentos pasados no era muy alentada. Esa obligación ha desaparecido. Ahora el inversor extranjero puede optar por una filial 100% extranjera, una inversión directa en una empresa privada cubana, o mantener la fórmula mixta si lo considera oportuno.
Esta flexibilidad no parte de cero: desde la aparición de las mipymes en 2021, el sector privado cubano ya se había convertido en un socio silencioso pero cada vez más relevante para los inversores extranjeros presentes en el país. No como socios capitalistas, sino como clientes que suplían la capacidad de importación del sector estatal, cada vez más alicaída por la falta de divisas y las restricciones del bloqueo. Pero también como prestadores de servicios postventa a los clientes finales de las sucursales extranjeras, instaladores y mantenedores de equipos, distribuidores exclusivos, socios logísticos y otros esquemas de colaboración que se fueron tejiendo en la práctica, al margen del marco legal. Lo que hace el paquete normativo es reconocer y dar cobertura legal a una relación que ya existía, abriendo la puerta a que esa colaboración se profundice y formalice.
La flexibilidad es real, pero con ella aparece un desafío: la calidad de los socios privados cubanos es heterogénea. El inversor que elija la vía privada deberá hacer un due diligence bien riguroso.
2- Contratación laboral directa. Se elimina el uso obligatorio de entidades empleadoras para seleccionar y contratar al personal en la inversión extranjera, sucursales y oficinas de representación. Esto supone un cambio significativo en la gestión del capital humano, aunque la capacidad de encontrar personal cualificado sigue siendo un desafío.
3- Acceso a activos y propiedad. Por primera vez, los inversores extranjeros —incluidos los cubanos residentes en el exterior— pueden adquirir acciones de empresas estatales y comprar propiedades. Los derechos de superficie se amplían hasta 99 años y los de usufructo hasta 50 años. El proceso de aprobación se ha simplificado.
4- Simplificación administrativa. Se reduce la documentación y los plazos para la aprobación de proyectos de inversión extranjera. Se aplicará el principio de «silencio administrativo positivo» en los procesos de expedición de licencias. Es una mejora, pero depende de la capacidad de las instituciones públicas para cumplir.
5- Reordenamiento financiero. Se autoriza la banca privada, las casas de cambio, las cuentas en divisas sin autorización previa y un mercado cambiario digital con subastas. Es un avance significativo, pero el sistema financiero cubano parte de una base tecnológica y de confianza muy deteriorada. Los inversores con necesidades de financiamiento complejo o de gestión de tesorería internacional deberán evaluar si el nuevo marco es suficiente o si necesitan estructuras alternativas.
6- Comercio exterior y dolarización. Se permite a empresas privadas y cooperativas exportar e importar directamente, con nomenclatura negativa. Se amplía la dolarización parcial de las operaciones interempresariales. Para un inversor, esto reduce el riesgo de tipo de cambio en transacciones corrientes, pero el acceso a divisas para la repatriación de beneficios sigue dependiendo de la evolución del mercado cambiario digital, cuya liquidez es incierta.
Una oportunidad para los que ya están
Para los inversores que ya tienen presencia en Cuba, la lectura es diferente. Ellos saben cómo operar en el terreno, conocen las reglas no escritas, han construido relaciones y han aprendido a gestionar el riesgo de estar en Cuba de cara a las sanciones. Para ellos, el paquete normativo puede ser una formidable oportunidad: les da un marco más claro para ampliar su participación, acceder a nuevos activos y negociar condiciones que antes no estaban disponibles.
Las sanciones, por su parte, crean un domo protector: los grandes inversores que podrían competir con ellos dudan en entrar, y los que ya están pueden decidir avanzar mientras los demás esperan, ganando tiempo y ventaja. Eso sí, desde la orden ejecutiva de mayo de 2026, cada vez es más difícil operar sin exponerse a riesgo de sanciones secundarias, y la cautela sigue siendo la norma.
Lo que hemos visto en la práctica
En nuestra experiencia acompañando a inversores y sucursales extranjeras presentes en el país, hemos constatado un cambio que quizá sea tan relevante como las propias medidas: el gobierno está hoy más abierto a discutir, escuchar y valorar propuestas que hace apenas diez años eran impensables y que, en su momento, ni siquiera habrían generado conversación.
No se trata de una apertura ideológica, sino de la constatación práctica de que el modelo anterior no podía sostener las necesidades financieras del país. Esto no significa que las negociaciones sean fáciles o rápidas —siguen siendo complejas y requieren paciencia—, pero la disposición a dialogar sobre esquemas antes inadmisibles es real y, para el inversor que ya está en el terreno, representa un activo que los recién llegados no tienen.
El paquete de 176 transformaciones no es solo una invitación a nuevos inversores, sino una señal para quienes ya están en el mercado o para quienes tienen una alta tolerancia al riesgo. Para el inversor primerizo, el contexto de sanciones reforzadas y crisis energética hace que la ecuación riesgo-retorno siga siendo desfavorable. Esperar a que el entorno mejore no es una mala estrategia; es una estrategia prudente.
Para el inversor que ya lleva tiempo en Cuba, es el momento de maximizar el tiempo dedicado, los riesgos y dificultades enfrentadas, e intentar avanzar con seguridad.
