Lo que el Programa de Gobierno significa para empresarios privados

Sin embargo, el documento adolece de una precisión fundamental: no detalla los «cómo» concretos para la implementación de estas medidas. Tampoco establece cronogramas específicos más allá de algunas metas anuales, dejando abierta la pregunta sobre los mecanismos prácticos que se utilizarán para materializar estas disposiciones.

Lo que tenemos entonces es, esencialmente, una compilación sistematizada de las líneas de trabajo que el gobierno ha venido anunciando, ahora presentadas bajo una estructura de plan con indicadores de resultado. Esta organización permite, por primera vez, tener una visión de conjunto más clara de la dirección que pretende tomar la política económica.

En función de su implementación efectiva -y de la evolución del contexto nacional e internacional- este programa podría configurar el escenario para el sector empresarial privado en el mediano plazo. Nuestro análisis identifica los componentes que merecen seguimiento estratégico, entendiendo que su impacto concreto dependerá de múltiples factores que aún están por definirse.

Nueva política cambiaria y de divisas: potenciales aperturas en un marco de control

El programa establece como «tarea estratégica» recuperar la convertibilidad de la moneda nacional, pero realiza un reconocimiento significativo: no existen condiciones para un esquema cambiario unificado en el corto plazo.

Esta admisión es crucial, pues indica que la distorsión cambiaria fundamental -la coexistencia de múltiples tasas de cambio- persistirá como característica estructural de la economía en el horizonte inmediato.

Frente a esta realidad, el programa propone un «nuevo mecanismo de gestión, control y asignación de divisas» que incluiría «esquemas cerrados de autofinanciamiento» para exportadores y una «dolarización parcial» dentro de límites por definir.

Para las empresas privadas, el planteamiento de esquemas de autofinanciamiento podría representar una vía para acceder con mayor predictibilidad a una porción de las divisas que generan. No obstante, la «dolarización parcial» genera más interrogantes que certezas.

El documento no aclara si este proceso incluirá al sector privado nacional de manera significativa, en qué sectores se aplicará, ni cómo se garantizará el acceso equitativo a las divisas en un escenario de oferta limitada.

El riesgo latente es que se consolide un sistema fragmentado y de acceso restringido, donde la participación de las MIPYMES en esta dolarización sea marginal o sujeta a discrecionalidad.

Por tanto, la recomendación de AUGE es mantener una expectativa cautelosa sin asumir, por el momento, que este nuevo mecanismo resolverá de manera estructural los actuales cuellos de botella.

Fomento a las exportaciones: anuncios de incentivos que deben superar barreras estructurales y limitaciones legales

El programa identifica el incremento y diversificación de los ingresos externos como pilar fundamental, con enfoque particular en servicios profesionales, tecnología y el sector del conocimiento, planteando «incentivos diferenciados» de carácter fiscal, regulatorio y salarial. Sin embargo, este planteamiento contradice frontalmente con una realidad normativa: la mayoría de los servicios profesionales de alto valor agregado se encuentran incluidos en el listado de actividades prohibidas para el sector privado.

Esta contradicción fundamental hace que, sin una revisión previa de dicho marco prohibitivo, el potencial aporte del sector privado en este ámbito resulte marginal. La situación se agrava al considerar que la capacidad exportadora del sector privado ha sido históricamente muy limitada, concentrándose principalmente en rubros como software -donde sí está permitido- y carbón vegetal, con una participación insignificante en el total de exportaciones nacionales.

La ampliación sustancial de esta participación requiere, además de eliminar las prohibiciones existentes, resolver desafíos estructurales que el programa no aborda suficientemente: la resolución definitiva de los problemas cambiarios que permita a los exportadores acceder de manera predecible a divisas; la construcción de confianza mediante un marco regulatorio estable; y la liberación de fuentes de financiamiento diversas para proyectos exportadores.

Encadenamientos productivos: transición del arrendamiento a modelos de integración estratégica

El programa promueve explícitamente la creación de encadenamientos productivos entre el sector estatal y no estatal, representando un esfuerzo por superar el modelo predominante hasta ahora – fundamentalmente basado en el arrendamiento de locales y capacidades ociosas – para avanzar hacia formas de integración más avanzadas y de mayor nivel de madurez.

Esta evolución refleja la posición del gobierno como principal titular de los activos productivos del país y su interés en aprovecharlos de manera más estratégica. Si bien esto podría interpretarse como un fortalecimiento de la posición estatal en la relación, simultáneamente abre oportunidades significativas para el sector privado: el acceso a infraestructura, capacidades instaladas y mercados que, aunque requieran rehabilitación, representan una ventaja considerable frente a comenzar desde cero.

La clave estará en la implementación de la «Instrucción que establece las relaciones contractuales» entre actores económicos. Si esta instrucción logra crear un marco ágil podría catalizar colaboraciones productivas. Sin embargo, si reproduce la rigidez burocrática característica de las relaciones interestatales, reproducirá los mismos obstáculos que han limitado estos encadenamientos históricamente.

Transformación necesaria con desafíos de implementación

El programa establece la modernización del sistema de pagos, la bancarización y la transformación de los servicios bancarios como objetivos prioritarios, con metas específicas para incrementar los pagos en línea, el uso de pasarelas digitales y el rediseño institucional del sistema bancario.

Esta transformación resulta esencial para mejorar la eficiencia, seguridad y trazabilidad de las transacciones comerciales. El documento específicamente plantea «avanzar en la transformación de la gestión bancaria» y «presentar la propuesta del rediseño institucional del sistema bancario», reconociendo la necesidad de ajustarlo a los requerimientos actuales de la economía.

Sin embargo, la implementación enfrenta importantes desafíos que el documento no aborda completamente: la infraestructura tecnológica limitada, la conectividad irregular en muchas zonas del país, y la necesidad de capacitación tanto para empresarios como para consumidores.

El programa menciona el enfrentamiento a la no aceptación de pagos digitales y la creación de nuevos productos financieros, pero no detalla los incentivos concretos que facilitarán esta transición para las pequeñas y medianas empresas, ni el alcance real de la transformación bancaria prometida.

Letras de Regulación Monetaria (LRM): instrumento de política monetaria con limitado atractivo para el sector privado

El programa incluye entre sus acciones la implementación de Letras de Regulación Monetaria (LRM), instrumentos financieros que esencialmente son títulos de deuda emitidos por el Banco Central de Cuba (BCC).

Técnicamente, funcionan de la siguiente manera: el BCC las vende a los bancos comerciales y otros actores económicos, retirando así pesos cubanos (CUP) de circulación, con el compromiso de recomprarlas en una fecha futura determinada.

Su objetivo declarado es «contribuir en la reducción de la inflación mediante la esterilización gradual de parte del exceso de dinero en circulación». Si bien el documento plantea «ampliar hacia el sector empresarial el uso de las Letras de Regulación Monetaria», presentan serias limitaciones como alternativa de inversión para las empresas privadas.

El principal inconveniente es que están denominadas en CUP y se emiten en un contexto de alta inflación y pérdida persistente del valor de la moneda nacional, lo que erosiona su rendimiento real y cuestiona su atractivo como reserva de valor. Además, el programa no especifica tasas de interés, plazos, condiciones de liquidez secundaria ni mecanismos de transmisión de estas letras que pudieran hacerlas mínimamente competitivas frente a otras alternativas de inversión productiva.

Para las empresas privadas, estas letras representan más un mecanismo de política monetaria para intentar contener la inflación que una genuina oportunidad de inversión, especialmente considerando la prioridad de reinvertir utilidades en actividades productivas que generen divisas o valor tangible en un entorno económico tan complejo.

Modernización del sistema fiscal: hacia una mayor formalización con el horizonte del IVA

El programa despliega una estrategia integral de modernización fiscal que apunta hacia una mayor recaudación y control, lo que implica un escenario de creciente formalización para el sector privado.

El elemento más concreto y de implementación más inmediata es el establecimiento de la facturación electrónica obligatoria para 2026, una medida que demandará una adaptación tecnológica y de procesos por parte de todas las empresas. Paralelamente, el documento encarga «estudios y propuestas para la implementación del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA)», señalando la dirección clara de la futura reforma tributaria hacia un impuesto indirecto y de amplia base. Si bien se menciona una «simplificación de los tributos», el énfasis principal recae en el fortalecimiento de los mecanismos de control fiscal y la reducción de la evasión, incluyendo el cobro automático de deudas desde las cuentas bancarias.

Para las empresas privadas, este conjunto de medidas representa una doble cara: por un lado, exige una inversión en compliance y adaptación a nuevas obligaciones, aumentando la carga administrativa en el corto plazo; por otro, un sistema tributario más moderno y predecible podría beneficiar a las empresas formalizadas que operan con transparencia.

Recomendaciones estratégicas AUGE: ¿Navegando nuevo escenario económico?

Ante el marco establecido por el Programa de Gobierno 2025, cuyas medidas concretas de implementación y efectividad real están aún por definirse, las empresas privadas requieren un enfoque estratégico que combine preparación meticulosa con flexibilidad operativa. Las siguientes recomendaciones buscan guiar la adaptación empresarial en este escenario de transición:

1. Sobre el nuevo mecanismo cambiario:

• Mantener expectativas cautelosas sobre el alcance real de la «dolarización parcial»
• Esperar a la publicación de las normas jurídicas específicas antes de tomar decisiones de inversión basadas en este mecanismo

2. Sobre incentivos a exportaciones:

• Documentar y estructurar las capacidades exportadoras de la empresa
• Mantener expectativas prudentes hasta observar la publicación de mecanismos operativos concretos
• No realizar inversiones significativas sin antes ver avances en el desmonte de barreras estructurales

3. Sobre encadenamientos productivos:

• Desarrollar propuestas de valor claras y profesionalizadas para potenciales socios estatales
• Incluir en las negociaciones cláusulas contractuales que especifiquen plazos de pago y mecanismos de resolución de disputas
• Mantener una evaluación realista de los riesgos operativos y de liquidez
• Evaluar estratégicamente las oportunidades de integración considerando la ventaja de acceder a infraestructura existente

4. Sobre Modernización de Pagos y Servicios Bancarios:

• Iniciar un proceso gradual de adaptación a soluciones de pago digital
• Evaluar las soluciones disponibles e implementarlas de forma escalonada
• Mantener flexibilidad operativa para funcionar en entornos con posibles interrupciones tecnológicas
• Monitorear la evolución de la oferta de servicios financieros del sistema bancario

5. Sobre Letras de Regulación Monetaria:

• Analizar con extrema cautela cualquier participación en este mercado
• Privilegiar inversiones en capacidad productiva y resiliencia operativa
• Considerar las LRM principalmente como instrumento de política monetaria, no como oportunidad de inversión

6. Sobre modernización fiscal:

• Iniciar de inmediato un diagnóstico de procesos contables y sistemas de información
• Prepararse para la transición a la facturación electrónica obligatoria en 2026
• Monitorear de cerca el desarrollo del debate sobre la implementación del IVA
• Mantener una contabilidad transparente y al día ante el fortalecimiento de los controles fiscales

Recomendaciones transversales:

• Establecer un sistema de monitoreo continuo de la publicación de normas y resoluciones
• Desarrollar presupuestos y planes operativos por escenarios
• Mantener estructuras organizativas flexibles que permitan adaptarse a cambios regulatorios
• Participar en espacios de interlocución sectorial para comprender expectativas y tiempos reales
• Priorizar la profesionalización de los procesos internos y la transparencia contable

Hacia una gestión estratégica en tiempos de transformación

El análisis del Programa de Gobierno 2025 confirma lo que muchos empresarios ya intuían: nos encontramos ante un escenario transformaciones, donde las reglas del juego están siendo redefinidas, pero los mecanismos concretos de implementación permanecen en la nebulosa. Esta ambigüedad planificada representa tanto un riesgo como una oportunidad para el sector empresarial privado.

Lo que el programa no dice, pero implica, es igualmente importante:

• La necesidad de una gestión profesionalizada se vuelve crítica
• La transparencia contable y operativa deja de ser opcional
• La adaptabilidad estratégica se convierte en ventaja competitiva
• La capacidad de negociación define el acceso a oportunidades
• La visión de largo plazo diferencia a los empresarios de los comerciantes

En AUGE entendemos que navegar este entorno requiere más que reacción: exige anticipación estratégica, preparación meticulosa y ejecución disciplinada. No solo le ayudamos a entender el cambio, le ayudamos a liderarlo.